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La ausencia estructural del podólogo en el Sistema Nacional de Salud no es una anécdota profesional: es un problema de salud pública con consecuencias graves, evitables y costosas.

España presume —con razón— de un sistema sanitario universal, de una Atención Primaria sólida y de hospitales de referencia. Sin embargo, hay una omisión silenciosa que afecta a millones de personas cada día: la atención podológica. Ignorar los pies es ignorar la base funcional de la movilidad, la autonomía y, en muchos casos, la supervivencia. Hoy, esa omisión tiene nombre propio: pie diabético.

Desde hace años, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y colegios profesionales vienen advirtiendo de una realidad incontestable: la falta de atención podológica pública incrementa amputaciones, desigualdad y gasto sanitario evitable. La Federación Española de Diabetes y el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos coinciden en que hasta el 85 % de las amputaciones por pie diabético podrían prevenirse con una atención especializada adecuada, educación en autocuidado y detección precoz.

El dato más inquietante suele pasar desapercibido fuera del ámbito sanitario: la mortalidad tras una amputación por pie diabético supera el 70 % a los cinco años, una cifra comparable —e incluso superior— a la de muchos procesos oncológicos. No hablamos solo de perder una extremidad; hablamos de perder calidad y expectativa de vida.

Un problema prevenible que llega siempre tarde

España presenta tasas de amputación por pie diabético superiores a las de países de su entorno europeo. Informes presentados ante el Ministerio de Sanidad señalan que la tasa de amputaciones mayores es de 6,4 por 100 000 habitantes, el doble que en países como Italia, Reino Unido o Finlandia. Y lo más relevante: gran parte de estas amputaciones podrían evitarse.

Hasta un 40 % de las lesiones del pie diabético pueden resolverse si se detectan y tratan en fases tempranas, en el ámbito ambulatorio. Pero para que eso ocurra, el sistema necesita algo que hoy no tiene de forma estructural: podólogos integrados en Atención Primaria y en equipos multidisciplinares.

La paradoja es evidente. España cuenta con una formación universitaria en podología sólida, reglada y exigente, con profesionales capacitados para prevenir, diagnosticar y tratar patologías complejas del pie. Sin embargo, su acceso al sistema público depende del código postal, de programas piloto o de decisiones autonómicas fragmentadas.

Desigualdad asistencial y coste social

La exclusión de la podología del Sistema Nacional de Salud no afecta a todos por igual. Quien puede pagar atención privada accede a prevención, seguimiento y tratamiento precoz. Quien no, llega tarde: cuando la úlcera está infectada, cuando la herida no cicatriza, cuando la amputación se convierte en la única salida.

Esto genera una desigualdad que no es solo sanitaria, sino social y económica. Una amputación implica dependencia, pérdida de empleo, necesidad de cuidados prolongados y un coste sanitario muy superior al de la prevención. El sistema acaba pagando —mucho más tarde y mucho más caro— lo que no quiso invertir a tiempo.

La experiencia internacional es clara: los equipos multidisciplinares que incluyen podólogos reducen amputaciones entre un 45 % y un 85 %, disminuyen ingresos hospitalarios y mejoran la calidad de vida de los pacientes. No es una hipótesis; es evidencia acumulada.

Más que una reivindicación profesional

Integrar la podología en el SNS no es corporativismo. Es una decisión de salud pública basada en datos, eficiencia y equidad. Significa reforzar la Atención Primaria, reducir complicaciones evitables y avanzar hacia un modelo verdaderamente preventivo.

Algunas comunidades han dado pasos tímidos, pero insuficientes. La creación de categorías profesionales sin dotación real de plazas demuestra que la voluntad política no siempre se traduce en ejecución efectiva. La salud pública no puede depender de proyectos aislados ni de la capacidad económica del paciente.

Mirar a los pies para avanzar

Un sistema sanitario que no cuida los pies termina sosteniendo a personas que no pueden caminar, trabajar ni vivir con autonomía. La podología debe dejar de ser una excepción y convertirse en parte estructural del SNS, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades crónicas.

La prevención no es un gasto: es una inversión.

Y en sanidad, pocas inversiones son tan claras como poner los pies en el centro del sistema.

José Manuel Cuevas Sánchez